Servicio municipal de Intermediación para el alquiler de viviendas a familias necesitadas
Este ayuntamiento realizará una labor de intermediación entre personas propietarias de vivienda y las familias y/o personas que por motivos de la crisis y la coyuntura económica necesitan un alojamiento. Todo ello en el marco del Plan Integral de ayuda a familias en riesgo de quiebra económica, para que ninguna unidad se quede en la calle sin un techo. La institución local realizará una labor de intermediación y garantizará a la propiedad, entre otros aspectos, los bienes, los abonos periódicos y sufragará la conservación y, si se diera el caso, la reparación de daños o desperfectos. El servicio se ha aprobado por el Decreto de Alcaldía nº 827/2013 y anunciado en el último pleno celebrado por la Corporación.
El objetivo es facilitar una vivienda asequible que se esté desocupada a las familias/personas que se encuentren en riesgo de quiebra económica, con la intermediación del Ayuntamiento de Ermua que, además, garantiza el estado de conservación del inmueble y el abono del alquiler estipulado. Con ello, se quiere que pueda tener uso y aflorar viviendas del municipio que estén vacías y cerradas. El concejal Fernando Lecumberri hizo un llamamiento a las personas propietarias de viviendas que no las estén usando y quieran adherirse a la iniciativa. El titular del área de Acción Social solicito “solidaridad para quienes tiene dificultades y lo están pasando mal”.
Son personas destinatarias del servicio
Las familias o personas que se encuentren en una situación objetiva de sobreendeudamiento que, por dificultades económicas coyunturales y sobrevenidas, se vean en dificultades para afrontar sus obligaciones de pago. Estas familias/personas deberán poder acreditar coherencia en sus actos patrimoniales y de consumo anteriores a su situación actual. Esto es ser deudores de buena fe.
Los Servicios Sociales Municipales valorarán profesionalmente la situación de las familias y personas solicitantes de este servicio. En cualquiera de los casos se deberá acreditar mediante informe profesional que la situación presenta un pronóstico de recuperación a medio plazo.
Procedimiento y mecanismo de funcionamiento
Los/as propietarios/as que deseen adherirse a esta iniciativa del Plan Integral de atención a familias en riesgo de quiebra inscribirán la vivienda en el registro creado al efecto en Abiapuntu. Técnicos/as municipales realizarán una visita a la vivienda para comprobar su estado y condiciones de habitabilidad. Si cumple recomendarán incluirla en el Plan Integral y en función de sus condiciones de habitabilidad, se valorará el precio del alquiler que, en ningún caso, podrá ser superior a 450 € mensuales.
La propiedad conocerá tanto la valoración técnica como la económica y decidirá si desea continuar con la adhesión al servicio de intermediación. En caso afirmativo las partes firmarán un convenio que contempla entre otros aspectos, un informe del estado de la vivienda, un inventario de los bienes aportados por la propiedad, el período de disponibilidad y el plazo de alquiler de la vivienda, el compromiso del Ayuntamiento a sufragar los desperfectos al finalizar el periodo fijado, si los hubiere, y el compromiso de indemnización de los posibles impagos, por parte del Ayuntamiento.
De igual forma se firmará un acuerdo entre Ayuntamiento y la persona/familia inquilina en el que se recogen el compromiso del abono puntual de alquiler pactado y del mantenimiento y conservación de la vivienda adscrita, la obligación de comunicar a los Servicios Sociales cualquier modificación en las condiciones iniciales, la prohibición de realquilar, la reparación de desperfectos al finalizar el plazo de alquiler, etc.
Tras suscribirse esos dos acuerdos, las partes y en el que el Ayuntamiento firmarán un contrato especial de arrendamiento. La figura del ayuntamiento será la de administración tutelar.
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